Una deuda fatal: El crimen de Sergio Schael Medina en Panamá.
Una investigación de la página web ARMANDO INFO realizada por un equipo de reporteros de Venezuela, Panamá y Miami.
Una deuda fatal
13.06.2015 21:33
Morir en Panamá por negocios en Venezuela (I)
En diciembre de 2013 apareció asesinado en la periferia de la Ciudad de Panamá un venezolano que iba a cobrar a otros venezolanos una deuda por transacciones con divisas en el mercado negro. A pesar de las pistas que apuntan con claridad a los sospechosos, a casi dos años de distancia nadie ha pagado por el crimen. De vez en cuando alguien llama a preguntar si fueron eximidos de culpa.
El 12 de diciembre de 2013 a las 7:45 a.m., la Unidad de Homicidios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Panamá, fue notificada del hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa de la capital del país; exactamente a orillas de la Vía Juan Pablo II que atraviesa el Parque Natural Metropolitano.
Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del joven en una zona boscosa de la capital panameña, a orillas de la Vía Juan Pablo II que atraviesa el Parque Natural Metropolitano. Foto: Carlos Ortega.
Al lugar acudieron miembros de la citada Unidad de Homicidios, así como de la División de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la DIJ, y personal de Criminalística de Campo y de Medicatura Forense.
Se trataba de un hombre joven, que presentaba un orificio de bala en el tórax y dos golpes contundentes en la cabeza.
Al hacer el levantamiento del cuerpo, los inspectores encontraron en el cuello una placa metálica con la inscripción: “Sergio Schael Dylan Angelina Medina”, y un tatuaje en la espalda que decía “Schael”; justo el nombre de un venezolano que había sido reportado desaparecido la noche anterior.
La noche del 11 de diciembre el venezolano Jean Carlos Amaro informó a la DIJ de la misteriosa desaparición de su amigo y compatriota de 33 años, Sergio Andrés Schael Medina, tras dirigirse esa tarde a la oficinas de la casa de valores Invertrade Asset Management S.A., ubicada en la oficina 1502 del edificio Paitilla Office Tower, en una zona comercial de la capital de Panamá.
“Iba a cobrar una deuda en Panamá de 40.000 dólares, tras una transacción cambiaria a través del Cadivi”, informó una fuente del Ministerio Público panameño, en referencia al ente oficial venezolano que administró el régimen de control de cambios en ese país de 2003 a 2014.
Sergio Schael Medina tomó el elevador hacia el piso 15 del citado edificio a las 3:46 de la tarde del 11 de diciembre de 2013, pero nunca se le vio salir. La cita para el cobro de la deuda era con Juan Carlos Moniz Ayala, un empresario venezolano-portugués radicado legalmente en Panamá, al menos desde 2009, fecha de creación de una de las sociedades anónimas, y supuestamente dedicado a actividades bursátiles.
Moniz Ayala es hijo de Carlos Moniz Rocha, quien se ha desempeñado como presidente de la Cámara de Aseguradoras de Venezuela y es el segundo a bordo de uno de los grupos venezolanos más importantes del negocio de los seguros.
De acuerdo a la información que reposa en el expediente, Juan Carlos Moniz tenía asignado en Panamá un salario mensual de 10.000 dólares como presidente de la empresa Globaltrade Consulting Group S.A. desde 2010.
Una de las funcionarias judiciales que participó en la investigación explicó que, según la narración de Amaro, "transcurrieron 15 minutos sin que su amigo bajara y decidió subir a la oficina, pero no lo encontró por ningún lado; bajó y conversó con el guardia del citado edificio. Ambos subieron al piso 18, bajaron las escaleras hasta el piso 15, tocaron a la puerta, pero nadie salió, y debido a que su amigo Sergio no aparecía, en horas de la noche fue a denunciar su desaparición”.
Al día siguiente, y tras recibir una llamada de la DIJ, Amaro tuvo que comparecer al reconocimiento del cadáver de su amigo en la Morgue Judicial. Él y el guardia de seguridad del edificio Paitilla Office Tower, Rosalío Cabrera, fueron las últimas personas que vieron con vida a Sergio Schael Medina, según detalla el expediente del caso iniciado el mismo 12 de diciembre de 2013 en la Fiscalía Auxiliar de Panamá.
En el protocolo de necropsia, elaborado por Lineth J. Saldaña, se señala que Schael Medina murió producto de un “choque hemorrágico, perforación cardíaca y de la arteria aorta torácica”, así como por “una herida penetrante por proyectil de arma de fuego en el tórax”.
No se sabe qué pasó después de que Schael cruzara el umbral de esta puerta. Los dueños de la oficina desaparecieron el mismo día del crimen y, entretanto, una nueva empresa empieza a instalarse en el inmueble. Foto: Carlos Ortega.
También se determinó que Schael Medina murió en algún momento del intervalo de cuatro a 21 horas desde su desaparición.
Un día después, el 13 de diciembre de 2013, y tras realizar una inspección ocular en las oficinas de Invertrade con la presencia de la secretaria de la empresa, Raquel Yuramis Lancheros, la Unidad de Homicidio de la Fiscalía Auxiliar emitió el Oficio UH-16217 solicitando a la DIJ la captura del venezolano Luis Adolfo Román Fermín, socio de Moniz.
Esa instrucción, sin embargo, debe haber quedado desatendida en alguna oficina de la Policía Nacional, porque Román Fermín nunca fue capturado y hasta hoy permanece prófugo de la justicia.
El 7 de enero de 2014, el caso pasó a la Fiscalía Cuarta Superior que, seis meses después, el 30 de julio de 2014, emitió una Vista Fiscal solicitando el llamamiento a juicio contra los ciudadanos venezolanos Luis Román Fermín y Juan Carlos Moniz Ayala, por delito contra la vida y la integridad personal (homicidio doloso) y contra la libertad individual.
El cobro le costó la vida
Moniz y Román estaban asociados comercialmente en Panamá, y se mostraban dedicados a la actividad bursátil, consultoría e inversión internacional, a través de empresas como Capitalfin S.A., subsidiaria de la empresa venezolana del mismo nombre que antes ya operaba en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), un tradicional mall del Este de Caracas, la capital venezolana.
Bajo las leyes panameñas también constituyeron las firmas Globaltrade Consulting Group S.A., Novo Services S. A, Sumivez Suministros y Servicios e Invertrade Asset Management S.A, en cuyas oficinas fue visto por última vez Schael Medina.
Todas esas empresas perdieron a su agente residente (abogado), tras los sucesos de diciembre de 2013.
Pese a que Román y Moniz nunca fueron detenidos, tres valiosos testigos permitieron a los investigadores judiciales armar el rompecabezas de esta historia fatídica: el del amigo de la víctima, Jean Carlos Amaro; el del guardia de seguridad del edificio, Rosalío Cabrera, y la de la secretaria de la casa de valores, Raquel Yurami Lancheros.
Amaro narró que el 5 de diciembre de 2013, Sergio Andrés Schael Medina se trasladó a Panamá procedente de Miami (Florida, Estados Unidos), con el objetivo de cobrar una deuda de 40.000 dólares producto de una transacción cambiaria. Antes, el 20 de noviembre, Schael Medina le pidió que lo acompañara en su viaje a Panamá para buscar al deudor y compatriota, Juan Carlos Moniz Ayala.
Tras contratar a una detective privada que les proporcionó las direcciones requeridas, los dos venezolanos acudieron el 10 de diciembre al edificio Oasis Tower, una lujosa torre de 58 pisos ubicada en la exclusiva área de San Francisco, donde Moniz tenía su vivienda en Panamá.
Para su sorpresa, quien los recibió fue Luis Román Fermín, el socio de Moniz. Ese fue el primer encuentro entre Schael y Román. El siguiente sería fatal.
Desde allí, el cobrador de la deuda tuvo que conformarse con hablar solo por teléfono con Juan Moniz, quien dijo estar para ese momento en Colombia. Según el relato de Amaro, la conversación telefónica tomó un tono violento, ya que Sergio reclamó con rudeza el pago de la deuda contraída meses atrás.
Como respuesta, Moniz solicitó a Schael Medina que acudiera al día siguiente al edificio Paitilla Office Tower, donde se ubicaba su empresa Invertade. Allí, prometieron, le entregaría el comprobante de pago de la deuda.
Ese fue el anzuelo que llevó a Schael Medina hasta las oficinas de las que no se le volvió a ver con vida.
El primer encuentro con los deudores fue en el edificio Oasis Tower de Panamá, la residencia de uno de los empresarios prófugos: Juan Carlos Moniz. Foto: Carlos Ortega.
Cuando al día siguiente Amaro y Schael Medina llegaron a la torre de oficinas con la intención de ir a la sede de Invertrade, Rosalío Cabrera, el guardia de seguridad del edificio, les hizo una extraña advertencia: había visto subir cuatro hombres de apariencia sospechosa, por lo que les recomendó no subir. “A esa oficina nadie sube, ni mensajero, ni nadie, me pareció extraño”, explicó Cabrera a los investigadores.
A pesar de la advertencia, Schael Medina acudió a la cita en la oficina 1502 del edificio Paitilla Office Tower. Dejó dicho al guardia que su amigo lo esperaría abajo. Amaro, a su vez, quedó prevenido: si Schael no regresaba en 15 minutos, debía avisar a la policía.
Un dato clave también fue aportado por el guardia de seguridad: vio salir del edificio, y a toda velocidad, el automóvil Land Rover de Román Fermín. Las imágenes de los videos de seguridad confirmaron la versión.
Cabrera reportó además la salida del edificio de los cuatro extraños que le habían llamado la atención. Dos bajaron por la escalera y dos por el ascensor. Los misteriosos personajes nunca fueron identificados, a pesar de las imágenes capturadas por la cámara de vigilancia del ascensor del edificio Paitilla Office Tower. Las autoridades judiciales aseguraron que identificarlos resultó imposible, a pesar de que también son citados en el expediente como protagonistas de un extraño episodio de compra de zunchos (esposas plásticas utilizadas por los ejércitos y fuerzas de seguridad) en una tienda deportiva.
Las cámaras del edificio llegaron a grabar a los desconocidos mientras subían a la oficina con los zunchos. Si bien por ese video no los pudieron identificar, se las arreglaron para dejar bien en claro ante las cámaras que no llegaron al Paitilla Tower para jugar.
Disparos y sangre
Durante la inspección ocular realizada al día siguiente del hallazgo del cadáver en la sede de Invertrade, los técnicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses encontraron un impacto de proyectil de arma de fuego cerca del zócalo del piso, manchas de sangre en el baño y el auricular del intercomunicador descolgado.
Además, al aplicar la prueba de luminiscencia en el baño y el camino a la puerta de emergencia del edificio, y comparar las muestras de sangre encontradas, se comprobó que pertenecían a Sergio Schael Medina.
En su testimonio ante las autoridades, la secretaria de Invertrade, Raquel Yurami Lancheros, de nacionalidad colombiana, declaró que ese fatídico 11 de diciembre su jefe, Luis Román Fermín, le dio la tarde libre, alegando que se realizaría una reunión. Dijo no saber nada acerca del venezolano que había sido citado.
Al día siguiente, la sorpresa de Lancheros fue grande al llegar a la oficina y encontrar todo desordenado, objetos rotos y manchas de sangre, según contó a los investigadores. Al preguntarle a su jefe, éste le respondió vía chat que había sido "una discusión acalorada”. Y a pesar de que le aseguró que iría a la oficina ese día, no lo hizo.
Amaro, el acompañante de Schael, también trató de comunicarse con Román Fermín desde el 11 de diciembre, cuando se produjo la desaparición de su amigo. No hubo respuesta hasta el día siguiente, cuando le respondió que había entregado los papeles acordados del pago de la deuda a su amigo.
Otras huellas
Según documentación del expediente, la camioneta Land Rover con matrícula AH-1639 de Román Fermín, la misma que fue vista saliendo a toda velocidad del edificio Paitilla Office Tower el 11 de diciembre de 2013, fue encontrado por la Sección de Hurto de Autos y Accesorios de la DIJ en marzo de 2014.
Las pesquisas determinaron que el carro había pasado a manos de una compañía aseguradora, como consecuencia de un accidente ocurrido el 28 de diciembre, solo unos días después de la muerte de Schael Medida. Tras el accidente, la empresa aseguradora pagó $10.700,59 a la firma Finance& Venture, con la que Román Fermín tenía un contrato de leasing o arrendamiento financiero. Según el agente de instrucción que siguió el rastro del vehículo, Román Fermín firmó el informe del accidente; es decir, iba conduciendo el vehículo. ¿Por qué no fue identificado por las autoridades de tránsito y conducido a la autoridad judicial? No hay respuesta.
En un intento por contrarrestar la información que ha quedado en Internet, el nombre de uno de los prófugos aparece en redes sociales como si fuera amigo de una persona homónima al joven asesinado.
Sin embargo, el carro abandonado aportó importantes evidencias sobre el caso. Al detectar rastros de sangre en el asiento trasero y el maletero del vehículo mediante la prueba de luminiscencia, se comprobó que correspondían a la sangre de Sergio Schael Medina. Es decir, el joven venezolano que llegó el 11 de diciembre de 2013 a las oficinas de Invertrade para cobrar una deuda, estuvo –herido o muerto– en el vehículo manejado por Román Fermín.
La justicia se empantana
Todos estos hechos permitieron a la Fiscalía Cuarta Superior formular cargos contra Luis Román Fermín y Juan Carlos Moniz Ayala, bajo cargos de delito contra la vida e integridad personal y secuestro. Sin embargo, la solicitud de la Fiscalía no fue acogida en su totalidad por el Segundo Tribunal de Justicia.
El fallo del 6 de febrero de 2015 del citado tribunal exonera, de forma provisional, a Juan Carlos Moniz Ayala, mientras mantuvo la posición de la Fiscalía de abrir causa criminal contra Luis Román Fermín.
El fallo del Segundo Tribunal fue apelado por la Fiscalía, y en estos momentos se espera un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, las medidas cautelares dictadas contra Moniz quedaron levantadas, y una fuente que solicitó el anonimato informó que la Fiscalía ha recibido llamadas de personas que preguntan sobre el estatus jurídico de Moniz Ayala.
Mientras eso ocurre el nombre de Juan Carlos Moniz circula en redes sociales junto a un homónimo de la víctima. En lo que parece una operación deliberada de lavado de imagen, los mensajes que cuelgan ya no reseñan el homicidio, sino que se empeñan en mostrar una presunta confraternidad entre ambos.
“Tomas de Venezuela con la asistencia de Sergio Andrés Medina y Juan Carlos Moniz Ayala de la Universidad Central de Panamá”, dicen las notas al pie de varios video que hace diez mesescolgaron en Youtube.
“Juan Carlos Moniz se convirtió en un antigalán”, añade otra nota colgada en un blog a su nombre. “Este fin de semana pasado se difundieron las fotos de nuestro querido ídolo en las playas de Miami tomando sol con amigos, como por ejemplo Sergio Andrés Medina y Pablo Venezuela. En ellas se lo ve relajado y feliz, bajo el sol de ciudad de Panamá, con unos kilos de más, con mucho mas pelo largo y barba”.
A pesar de que los sospechosos no enfrentan todavía a las autoridades judiciales, sí han tenido representación legal; el abogado Manuel Correa en el caso de Juan Carlos Moniz Ayala, y Sabul Hernández, defensor de Luis Román Fermín. Además, el abogado de Moniz presentó dos hábeas corpus en contra de la decisión de detención preventiva, lo que parece indicar que, al menos, guardaba el temor de ser aprendido.
Un último informe de la Secretaría de Comunicación de la Corte, asegura que el expediente aún no ha sido llevado a la Sala Penal que deberá evaluar la apelación. Falta notificar a los abogados de Moniz y Román.
Preguntas sin respuesta
A pesar de que desde la Fiscalía Cuarta aseguran que “desarrollaron todos los esfuerzos investigativos”, lo que les permitió solicitar el llamamiento a juicio de los involucrados, hay quienes dudan sobre la efectividad de las actuaciones de todas las entidades de seguridad, sobre todo en lo que respecta a la imposibilidad de capturar a Moniz y Román.
En todo caso, la empresa Invertrade Asset Management, en cuyas oficinas ocurrió la desaparición y probable muerte de Schael Medina, no parece haber sufrido acciones judiciales que impidieran la continuidad de sus actividades. Continuó operando, aunque dejó de cumplir las obligaciones con el ente regulador. Según reportes de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) obtenidos durante esta investigación, la empresa fue sancionada con una multa de 12.350 dólares por haber incumplido la obligación de presentar sus estados financieros y otros informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), durante los meses de abril, mayo y junio de 2014.
En el expediente hay registro de un chat en el que la secretaria de la oficina pregunta a su jefe, Luis Adolfo Román Fermín, qué pasó el día anterior en ese mismo lugar.
Cinco meses más tarde, los apoderados especiales de Invertrade Asset Management S.A. solicitaron la liquidación y cese de operaciones voluntaria de la casa de valores, que operó en Panamá desde el 17 de junio de 2011. La solicitud de liquidación fue aprobada mediante la Resolución No. 72-2015 del 2 de febrero de 2015, firmada por el entonces Superintendente Juan Manuel Martans Sánchez. Si Luis Román Fermín continuaba al frente de la empresa en su calidad de director general, es algo que no se ha podido constatar.
Todo indica que los investigadores judiciales no siguieron el rastro de la casa de valores Invertrade Asset Management S.A. Ni siquiera se dieron cuenta que dos meses después del crimen, Román Fermín, uno de los sospechosos registró otra empresa, esta vez llamada 507 Agency, S.A.
Todo este escenario de dudas tal vez permanecería en la oscuridad de no ser por el tesón que tiene un protagonista destacado. Se trata de Alfredo Schael, padre de Sergio, quien después de enfrentar el duro trance de buscar las cenizas de su hijo el 15 de diciembre de 2013, se dedicó a investigar. Tras unos primeros contactos exitosos con funcionarios involucrados en la pesquisa, las puertas se le cerraron de repente.
Alfredo Schael, director del Museo del Transporte de Caracas, se lamenta de que no se investigó lo sucedido como parte de una organización criminal para desaparecer y asesinar a su hijo, con el objetivo de evitar el pago de la misteriosa deuda. También se muestra extrañado por la paralización de la petición a Interpol para capturar a los sospechosos.
Su desconsuelo no tiene límites al sentir que la justicia eludió el caso de su hijo. Siente que intervinieron intereses económicos e influencias que Venezuela exportó a Panamá.
De otra forma, Schael padre no se explica por qué no hubo autoridad que investigara cabos sueltos tan básicos como la identidad de los sujetos que adquirieron los llamados zunchos que la policía panameña emplea como una suerte de esposas plásticas: “¿Por qué el chofer de Moniz, que se llama igual que el comprador registrado en la factura de los zunchos, no fue llamado a declarar?”.
La creciente migración de venezolanos a Panamá, y las limitaciones cambiarias impuestas por el gobierno de Venezuela parecen haber producido un circuito de actividades para obtener dólares, no siempre de forma lícita. Los indicios muestran que en ese escenario es donde se enmarca la misteriosa deuda contraída por Moniz y el asesinato de Schael Medina.
En el expediente aparece confirmada la hipótesis de la deuda, al acreditarse dos transacciones bancarias realizadas los días 8 y 10 de mayo de 2012, por los montos de 1.400.000 bolívares y 200.000 bolívares, respectivamente, a través de Banesco, entre dos de las empresas que han recibido las divisas reguladas antes por la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y ahora por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).
La fiscalía panameña pidió al respecto una asistencia judicial a Venezuela, con el fin de confirmar las cuentas a través de las cuales se hicieron las transacciones. Pero, a pesar de que la deuda de Moniz quedó acreditada, el Segundo Tribunal de Justicia lo desvinculó de los sucesos que terminaron con la vida de Sergio Schael Medina.
Sin acceso al expediente y con el rechazo de las autoridades de policía para hablar del caso, son muchas las preguntas que quedan sin respuesta. Y mientras la Sala Penal de la Corte toma una decisión en torno a la responsabilidad de Moniz, el misterio que ronda la muerte de Sergio Schael Medina permanece.
Lea mañana la segunda parte: El destino de Sergio se forjó en Cadivi
(*) Este reportaje de investigación contó con el apoyo de Open Society Foundations.
SEGUNDA ENTREGA
ARMANDO INVESTIGA
El destino de Sergio se forjó en Cadivi
14.06.2015 01:26
Morir en Panamá por negocios en Venezuela (y II)
El asesinato de un venezolano en Panamá expone pistas sobre el mercado negro de divisas. El crimen sigue impune año y medio después, pero a cuentagotas, muestra ejemplos de una economía paralela en la que hay gestores, prestamistas, cobradores y venganzas.
Lea la primera parte de esta historia: Una deuda fatal
Al venezolano Sergio Schael lo mataron en diciembre de 2013 por una transacción de bolívares por dólares. Su cuerpo fue hallado con un disparo en el pecho, en plena vía pública. Pero no fue en Caracas ni en ningún otro punto de la Venezuela violenta de estos días, sino en Panamá, a donde van a rebotar buena parte de las transacciones que han burlado el control cambiario impuesto por el gobierno bolivariano desde 2003.
En su mesita de noche, Schael dejó una nota autoadhesiva con el nombre del empresario y el monto de la deuda que debía reclamar en Panamá.
Tal vez uno de los primeros indicios de que este no era un asesinato cualquiera quedó olvidado en Miami (Florida, Estados Unidos), en el apartamento de la familia Schael en esa ciudad, destino en el extranjero preferido de los venezolanos que vacacionan o emigran. Sobre la mesita de noche de su cuarto, escritos en una nota autoadhesiva de su puño y letra, Sergio dejó un nombre –el de “Juan Carlos Moniz”– junto a un monto de “$ 625.000”. También una dirección: “Av. 8va sur. Calle 56. Torre Paitilla - Oficina 15-02 ”.
Fue en esa misma dirección donde desapareció. Esos datos corresponden a la oficina de Invertrade Asset Management S.A., el lugar en Panamá donde, según las pesquisas, pudo ocurrir el secuestro y asesinato de Sergio Schael Medina. También dejó apuntado el nombre de uno de los socios venezolanos de la empresa que ha aparecido en las investigaciones que las autoridades panameñas adelantaron sobre el crimen.
Hay, sin embargo, una incongruencia, y gruesa, entre el Post-It de Miami y el expediente judicial en Panamá: según los detectives panameños, Schael acudió a la capital del istmo a cobrar a Moniz una deuda por 40.000 dólares, un monto muy inferior a los 625.000 dólares que aparecieron anotados en el manuscrito.
El resto fue noticia y ya es historia: Schael llegó a la cita a las 3:46 de la tarde, según la grabación de las cámaras del edificio, y no se le volvió a ver hasta la madrugada del día siguiente, pero entonces muerto, con hematomas en el rostro a un costado en la avenida Juan Pablo II, a las afueras de Ciudad de Panamá.
“Buscan a asesino de joven venezolano”, titulaba el diario Crítica de Panamá el 10 de febrero del año pasado. “Sicarios mataron a nieto de expresidente”, agregó El Siglo en su edición del 19 de junio de 2014, tras advertir que la víctima era –paradojas de la vida– uno de los nietos del general Isaías Medina Angarita, presidente progresista, a quien la historia de Venezuela reconoce como arte y parte de una transición que enrumbó al país hacia la modernidad tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, al final de un régimen de 27 años.
Lo que entonces no podían advertir reporteros y medios era que algunos cabos sueltos amarran el caso a la trama de negocios furtivos que derivan del mercado negro de divisas en Venezuela. Juan Carlos Moniz y su socio, Luis Adolfo Román Fermín, ambos jóvenes empresarios venezolanos, y señalados por la Fiscalía Cuarta de Panamá como partícipes del crimen, se conectan con esa madeja. A pesar de los indicios en su contra y de una orden de captura que se giró contra Román Fermín, evadieron a la justicia desde el mismo día del asesinato. El caso ha quedado en un limbo y lo peor es que, en esta historia solo mataron al mensajero.
En su momento, el crimen fue reseñado en la prensa. Foto: Cortesía Alfredo Schael.
Correos en la web
En la computadora de Sergio Schael quedaron registrados varios correos que dan cuenta de operaciones con empresas que figuran en la llamada lista Cadivi, una relación que en sus momentos postreros publicó la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) antes de su disolución y reemplazo, en 2014, por el Centro Nacional de Comercio (Cencoex). Allí, en esa lista, aparecen las referencias de las personas jurídicas y naturales que fueron beneficiadas con dólares preferenciales del Estado.
A las 4:26 minutos de la tarde del lunes 28 de mayo de 2012 –año y medio antes del asesinato– Schael recibió un correo electrónico en el buzón de su cuenta, sergio_schael@hotmail.com. El remitente era el venezolano Carlos Mendoza, que le giraba instrucciones desde Miami –con copia al correo efrain2005@hotmail.com de su socio Efraín Betancourt– sobre las operaciones de Medhealth y otras empresas que, de acuerdo con la Lista Cadivi, recibieron dólares del Estado para importar equipos médicos a la tasa preferencial de entonces: 4,30 bolívares por dólar.
Así consta ante la justicia panameña a través de unas copias que quedaron archivadas en el expediente del caso que reposa en la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial.
“Sergio, en la parte de abajo podrás ver la comunicación entre Roger y la gente de Banesco”, le dijo. “De igual forma Roger está en contacto con Antonio en Venezuela. Gracias, Carlos”.
“Debió ser una de las tantas transacciones de cambio de divisas”. No era más que eso: una simple compra-venta de dólares, según cuenta por vía telefónica Antonio Stefani, compadre de Schael Medina y el mismo “Antonio” que aparece en el intercambio de correos con la dirección antoniors84@gmail.com.
Prefiere, sin embargo, pasar de largo: primero porque, dice, no recuerda “cada correo” y, en segundo lugar, porque asegura que se había distanciado de su amigo antes de que fuera asesinado en el exterior. Más de una vez, explica, vendieron dólares en el mercado negro. No recuerda cuáles de las transferencias quedaron en el computador de su amigo. Pero eso fue en 2012. Luego le perdió la pista, concluye, apurado por finalizar la conversación.
El asesinato ocurrió año y medio después de esa transacción. Y solo un mes más tarde de la muerte de Schael, cuando ya corría el mes de enero de 2014, en las cortes del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, apareció una demanda por estafa contra los mismos personajes, las mismas empresas y el mismo caso que quedó guardado en los correos de la computadora personal de la víctima. Sino de varios, Sergio Schael debió ser el cobrador de al menos este caso.
Escala en Panamá
Schael llegó a Panamá el 5 de diciembre de 2013 en lo que debió ser una escala de escasos siete días. Foto: Carlos Ortega.
Sergio Andrés Schael Medina nació en Caracas en 1980. Estudió para ser chef de cuisine en Inglaterra; se ganó la vida alquilando una mezcladora a algunas empresas constructoras de Venezuela y, por un tiempo, probó suerte en Miami en los fogones del restaurante La Barceloneta. Con 33 años, por fin había resuelto volver a Caracas, para reunirse con su esposa e hijo, luego de lo que debió ser una escala de escasos siete días en Panamá .
Era fuerte, inspiraba respeto. Cultivaba su cuerpo mediante la disciplina diaria del gimnasio. Pero más allá de eso, en su casa lo recuerdan antes que nada como un muchacho colaborador y fraternal. Buen hijo. Eso sí, reservado a la hora de hablar de su vida, previene su papá, Alfredo Schael, quien lleva un trecho recorrido clamando justicia en los vericuetos de los tribunales de Panamá y Venezuela.
Algo ya debía estar mal el día en que Sergio Schael tocó la puerta del apartamento de Juan Carlos Moniz para reclamar el pago de una deuda. Así consta en el expediente judicial mediante el testimonio que rindió el venezolano Jean Carlos Amaro, el primero en advertir al día siguiente sobre la desaparición de Sergio.
Amaro viajó de Caracas a Ciudad de Panamá atendiendo el llamado de Schael para que lo acompañara en la tarea de cobrar una deuda que, de acuerdo con su testimonio, sumaba 40.000 dólares. Fue así como el 10 de diciembre de 2013 tocaron juntos la puerta del apartamento que Juan Carlos Moniz tenía en el edificio OasisTower de la capital panameña. Allí entendió que esta historia se estaba saliendo de control.
No fue Moniz el que salió sino su socio, Luis Román Fermín, sobre quien pesa una orden de captura para que explique ya no ese encuentro sino el segundo: la reunión en la que, al día siguiente, vio a Sergio Schael con vida.
Según el relato de Amaro, Román pasó el teléfono a Sergio para que acordara directamente con la persona que estaba buscando, y así se conocieron en una acalorada conversación telefónica que adquirió visos de violencia. Sergio exigía los dólares.
En respuesta le dijeron que al día siguiente recibiría el comprobante de pago de la deuda en el local 15-02 del edificio Paitilla Office Tower, sede de la empresa Invertrade Asset Management, cuyos accionistas también tenían una casa de corretaje en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas y en la que Moniz y Román despacharon hasta el mismo día del crimen.
Juicio en Miami
¿Cuál era realmente la tarea de Sergio en Panamá? Es una pregunta que no alcanzó a responder Carlos Mendoza, el mismo que en mayo de 2012 envió desde la dirección cemendozah@gmail.com –a Sergio y otros– la constancia de una transferencia de 1,4 millones de bolívares fuertes desde la cuenta bancaria de Medhealth a Urbapharma, dos de las empresas que de acuerdo con la llamada Lista Cadivi, consiguieron dólares a precios preferenciales para importar equipos médicos.
En la oficina 15-02 de este edificio, el Paitilla Office Tower, desapareció Schael. Entró a las 3:46 pm y no se supo más de él hasta que lo encontraron muerto en las afueras de Panamá. Foto: Carlos Ortega.
Aunque atendió el teléfono, Mendoza prefirió despachar la llamada cuando le preguntaron por Sergio para este reportaje. Ni siquiera su abogado, Menachem Mayberg, respondió luego a un cuestionario que pedía luces sobre el tema. Solo indicó que todavía estaba intentando entender de qué se trataba todo esto y que, debido a ello, no es posible conversar con sus clientes sobre este tema "por el momento ".
Mayberg, de cualquier forma, tiene que conocer algunos de los enredos que han derivado del control cambiario y los conoce de primera mano porque sus clientes –el mismo Carlos Mendoza que escribió a Sergio Schael un correo y Efraín Betancourt, quien aparecía en copia– fueron demandados en enero de 2014, justo un mes después del asesinato en Panamá, por 12 personas naturales y jurídicas que reclaman en Estados Unidos una estafa derivada de transacciones cambiarias de Medhealth y de las diversas empresas que figuran, otra vez, en los correos del asesinado.
La demanda reposa en el Circuito judicial 11 del condado de Miami-Dade en contra de la empresa Yupi Holding, propiedad de Mendoza y Betancourt, a la que una docena de venezolanos residenciados en Miami reclaman 8,5 millones de dólares equivalentes, en el mercado paralelo de entonces, a más de 78 millones de bolívares que entregaron para financiar la importación que ante Cadivi tramitó una de las empresas relacionadas con Medhealth. Se trata de la firma Inversiones Maxx 0712, cuyo expediente público está “extraviado” en el Registro Mercantil V de Caracas.
Las transacciones que eran objeto de la demanda corresponden con una de las tantas modalidades que ha adquirido en Venezuela el negocio de comprar dinero con descuento.
A falta de libertades económicas, el control cambiario ha sofisticado distintos mecanismos que dinamizan la economía a través de prestamistas que reciben dólares a tasas favorables, a cambio de bolívares para financiar importaciones. Se trata de un secreto a voces del que no hablan las autoridades venezolanas, pero que finalmente ha quedado registrado en las cortes de la Florida a consecuencia de unos fondos que se perdieron en el camino.
“La transacción fue promovida por los acusados tanto como una operación de financiamiento como un cambio de divisas simple de bajo riesgo”, esgrimieron los afectados en su denuncia. “Los demandantes, que estaban deseosos de transferir fondos desde sus cuentas bancarias de Venezuela a los Estados Unidos en dólares, vieron la transacción como una oportunidad para obtener dólares a la tasa de cambio oficial a través de Cadivi, que es mucho más baja que la tasa de cambio disponible en el mercado abierto", añaden en la misma demanda a través del abogado Alexander F. Fox.
Fue y sigue siendo así como muchos venezolanos residenciados dentro y fuera del país han figurado como propiciadores, y a veces víctimas, de una suerte de estafa piramidal. De eso da testimonio Álvaro Fernaud, un venezolano residenciado en Miami que llegó a denunciarlo por Twitter. “Estafa millonaria a Cadivi”, lamentó el 26 de marzo de 2014.
Los correos que aparecieron en la computadora de Schael aportan datos a una suerte de estafa piramidal, que varios afectados denunciaron en Estados Unidos.
Fernaud es uno de los muchos que entregaron dinero a quienes, a su vez, ahora demandan 8,5 millones de dólares en Miami a Mendoza y Betancourt. Se trata de una cadena, no precisamente de favores. “Al mes ya los clientes empezaron a sentirse incómodos y por eso yo pedí de vuelta los bolívares, pero nunca me los devolvieron”, cuenta vía telefónica desde Florida. “Me dijeron que esto era un negocio y que no podíamos deshacerlo hasta que Cadivi liquidara las divisas”. Ahora Fernaud pone en duda hasta que las mismas importaciones que servían de excusa a todo el tinglado siquiera llegaron a tener lugar .
Ruina en Caracas
Desde Miami, Mendoza se ha eximido de toda responsabilidad. Durante el proceso se declaró como otra víctima afectada por la importadora venezolana a la que transfirió los bolívares de sus clientes. Como coartada, adujo que en aquella época tuvo problemas con el servidor de correo electrónico, desde el que se enviaron varios de los mensajes.
Pero en Caracas el cuento es otro: Roger Quaranta, el dueño de la empresa Inversiones Maxx 0712 y de Medhealth –que también figura en los correos enviados a Sergio– dice que fueron Mendoza y Betancourt los que desaparecieron el dinero.
De acuerdo a su versión, ambos llegaron a su oficina, ofreciéndole importar a través de su empresa, y así comenzó esta historia. “Yo les dije: perfecto, yo tengo mi compañía con Rusad (Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas, una base de datos oficial de importadores venezolanos); les voy a cobrar tantos bolívares por dólar por las solicitudes que les coloque y puedo importarles lo que quieran”.
Quaranta salva su responsabilidad ahora que el dinero se perdió en el camino, y lo hace sobre la base de una serie de correos electrónicos en los que Mendoza le pidió por escrito mover el dinero. “No sé quién es Sergio Schael pero estos nuevos correos pueden ser una prueba en Estados Unidos, porque ellos decían que les habían hackeado sus mails en enero de 2012”, cuenta. “Si tú tienes un correo dirigido a un tal Sergio, que no sé quién es, significa que ellos sí estaban usando ese correo”.
Ya no es primicia advertir que el mercado negro de divisas es una de las industrias más sólidas de la Venezuela actual. Grandes fortunas se han amasado, o han crecido, bajo el alero de ese negocio furtivo. Pero esas fortunas son producto de una miríada de transacciones. De juzgado en juzgado, por todo el mundo van apareciendo ejemplos de la ruina –incluso moral– de una economía paralela en la que hay gestores, prestamistas y cobradores, tanto ganadores como perdedores.
En los corrillos de la justicia venezolana advierten que algunos de los estafados recobraron el dinero que habían empeñado, a espaldas del caso que en Venezuela también dirime el Ministerio Público. Mientras eso ocurre, ni en Panamá ni en ninguna otra parte hay justicia por el homicidio de Sergio Schael, el venezolano de 33 años cuya vida sacrificaron hace año y medio por una transacción de bolívares por dólares.
(*) Este reportaje de investigación, cuya reportería también estuvo a cargo de Grisel Bethancourt (Ciudad de Panamá) y Antonio María Delgado y Enrique Flor(Miami), contó con el apoyo de Open Society Foundations.
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