Periodistas están en riesgo

Tomado del Diario La Prensa
Juan Manuel Díaz, Rubén Polanco

18/09/2013 - Los procesos judiciales que involucren denuncias contra periodistas, o los casos en que estos son asesinados, requieren de parámetros especiales de investigación, ya que por lo general se está cometiendo un delito para callar las voces de aquellos que exponen públicamente otros hechos punibles.

Así lo concluyó la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, en la conferencia “Estándares de libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” que dictó ayer frente a fiscales del Ministerio Público.

Advirtió que el “crimen organizado, en especial las redes asociadas al narcotráfico, constituyen el mayor peligro para la vida de los periodistas, aunque también hay serias amenazadas hacia la libertad de expresión que provienen de algunos Estados”.

“Los mapas de criminalidad organizada, de rutas del narcotráfico, coinciden con los mapas donde hay más amenazas a la vida e integridad de los periodistas”, planteó Botero.

Frente a esa situación, opinó que los Estados tienen la obligación de fijar parámetros especiales de protección para los periodistas y activistas de derechos humanos que estén bajo amenaza por su actividad. De ello, dijo, depende la supervivencia de la democracia.

Señaló que en los casos en que periodistas estén bajo amenaza por su actividad, las autoridades deben plantear protocolos novedosos de investigación.

“Cuando se mata a un periodista, lo que se busca es impedir que la sociedad conozca su denuncia”, dijo.

“Por esta causa, hay regiones enteras en América en las que no sabemos lo que está pasando, porque los periodistas están amenazados. En estas regiones no hay prensa ni autoridades eficientes”, enfatizó.

Sostuvo que los policías, las autoridades y el Estado deben reconocer al periodista no como a un enemigo, sino como colaborador para preservar la democracia.

En opinión de la procuradora de la Nación, Ana Belfon, empero, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y, por tanto, se debe buscar un punto de equilibrio con los otros derechos existentes para que no se cause daño a terceros y, en caso de que lo hubiere, haya consecuencias.

Belfon admitió que la libertad de expresión es fundamental para la democracia, pero tiene sus límites.

PROCESOS JUDICIALES BUSCAN INTIMIDAR

Representantes de los gremios periodísticos consideraron que la cantidad de procesos judiciales abiertos contra comunicadores sociales en los últimos años, denota una clara intención de los gobiernos de intimidar para que cese la fiscalización de sus gestiones.

Cifras del Órgano Judicial y del Ministerio Público dan cuenta de 54 procesos judiciales contra periodistas, 43 de estos en el ámbito penal y 11 en el civil, que datan de 1997 y van hasta el presente.

Para el presidente del Fórum de Periodistas de Panamá, Simón Bolívar Alemán, tal cantidad de casos evidencia el “acoso e intimidación” que hay en el país contra los comunicadores sociales.

A su juicio, esta situación no se había dado antes, lo que “indica la piel delicada de los funcionarios del gobierno, que no soportan el escrutinio de sus actuaciones [y] recurren a demandas contra los periodistas y medios de comunicación para presionar intimidar”.

En tanto, Filemón Medina, del Sindicato de Periodistas de Panamá, dijo que es preocupante que la sociedad no entienda que la labor de un periodista no va encaminada a condenar a nadie, sino a hacerse eco de las denuncias ciudadanas para que las autoridades investiguen.

“No hay una intención maliciosa de causar daño, sino de ser un ente fiscalizador que informa de posibles casos de corrupción”, dijo.