HACE FALTA IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA CRIMINAL
Las cárceles públicas panameñas se encuentran en una fase de crisis, debido a la falta de una política criminal, que debe ser implementada por el Estado.
Ante la poca previsión para mejorar de forma integral la situación criminal del país se mantienen cifras de un total de 11,640 personas entre panameños y extranjeros detenidos, que conviven en condiciones infrahumanas en más de 24 penales en todo el país, según indica estadísticamente el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Miembros de la sociedad civil, entre estos, la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica ha señalado directamente la aproximación de una crisis más profunda que pueda generar víctimas dentro de los penales, por la falta de voluntad política del gobierno para solucionar los graves problemas de las cárceles.
La razón es que con cada gobierno los planes se dejan a un lado y se inicia de cero.
Se han hecho críticas a la falta de voluntad para mantener un sistema basado en los derechos humanos dentro de las cárceles.
Aunque el gobierno nacional ha admitido que el sistema de las cárceles La Joya y La Joyita ha colapsado, el tiempo para una reestructuración a lo interno de los penales, es lento.
Lo primordial es la inmediata implementación de la Ley 55 de 2003, que reorganizó el Sistema Penitenciario Nacional para garantizar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad y el cumplimiento de las normas establecidas. Sin su ejecución muy poco se podrá hacer en las cárceles a nivel nacional.
Ante la poca previsión para mejorar de forma integral la situación criminal del país se mantienen cifras de un total de 11,640 personas entre panameños y extranjeros detenidos, que conviven en condiciones infrahumanas en más de 24 penales en todo el país, según indica estadísticamente el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Miembros de la sociedad civil, entre estos, la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica ha señalado directamente la aproximación de una crisis más profunda que pueda generar víctimas dentro de los penales, por la falta de voluntad política del gobierno para solucionar los graves problemas de las cárceles.
La razón es que con cada gobierno los planes se dejan a un lado y se inicia de cero.
Se han hecho críticas a la falta de voluntad para mantener un sistema basado en los derechos humanos dentro de las cárceles.
Aunque el gobierno nacional ha admitido que el sistema de las cárceles La Joya y La Joyita ha colapsado, el tiempo para una reestructuración a lo interno de los penales, es lento.
Lo primordial es la inmediata implementación de la Ley 55 de 2003, que reorganizó el Sistema Penitenciario Nacional para garantizar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad y el cumplimiento de las normas establecidas. Sin su ejecución muy poco se podrá hacer en las cárceles a nivel nacional.
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